La Editorial
21/02/2023
Suscritos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, hace 27 años, los acuerdos de San Andrés, no aprobados por la administración de Vicente Fox, continúan como referencia de incumplimiento en México.
Aquellos documentos firmados el 16 de febrero de 1996 en Chiapas permanecen como un pretendido recurso de lucha política y social de quienes se levantaron contra el gobierno.
La firma de las partes puso fin a los riesgos de nuevos enfrentamientos armados, como ocurrió en 1994 y abrió la ruta para el entendimiento y práctica de la organización política comunitaria.
Los pueblos originarios, o indígenas, ya habían trazado y empezaban a transitar por cuenta propia sus propias vías y alternativas de luchas fuera y en oposición al gobierno.
En la práctica las comunidades en diferentes regiones de Chiapas dejaron los fusiles y se declararon autónomas con sistemas y métodos propios de producción, educación, salud, vivienda y sentido de progreso.
Los rebeldes, hombres y mujeres, mestizos y de diferentes etnias, rechazaron los partidos políticos y las elecciones como fuentes de poder gubernamental.
Los incumplidos acuerdos de San Andrés trazaron la posibilidad de la política comunitaria y de la representación popular fuera de los ruidos y de la falta de esperados resultados de los actuales gobiernos.
