La Editorial
15/12/2022
Transportistas de diferentes modalidades en la frontera sur realizaron un paro parcial de actividades para exigir mayor seguridad en sus rutas ante las crecientes amenazas de extorsiones de grupos criminales.
Concesionarios, permisionarios y conductores suspendieron el servicio durante algunas horas.
En su pronunciamiento al gobierno, los transportistas denunciaron el permanente hostigamiento de delincuentes, que con amenazas pretenden obligarlos a cubrir un pago semanal por protección o “derecho de piso”.
Hace unos días en el municipio de Cacahoatán fue atacado a balazos un chofer. Su vehículo registró varios impactos de bala.
Esos ataques, presiones y amenazas de bandas delictivas se extienden a otros municipios de la región costera.
La situación es más complicada aún porque las amenazas por “cobro de piso” llegan también a tortillerías, restaurantes, comercios, bares, constructores y ganaderos.
El asunto no es menor, ya que pone en riesgo la seguridad del transporte público, de los usuarios y de la economía regional.
La lucha contra la delincuencia no debe consentir dudas ni titubeos. La única garantía debe de la aplicación de la ley que proteja a sociedad y quiebre el espinazo de la delincuencia.
