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Tuxtla Gutiérrez

La Editorial 08/10/2020

Como si fuera un lastre histórico las elecciones en Chiapas han registrado tintes violentos, costosos  y perjudiciales para la democracia. En la memoria de los electores chiapanecos están vivos los episodios de 2018. En política son expedientes aún abiertos.

Los comicios de aquel año fueron enturbiados por aspirantes que de última hora “bajaron del caballo” de las alianzas partidistas al pactar acuerdos e intereses político.

Así lo hicieron el PRI y el  PVEM que no lograron cuajar la coalición que un sexenio antes los llevó a ocupar la silla del poder Ejecutivo. El estira y afloja separó, por su lado a Roberto Albores Gleason que asumió la candidatura por el PRI, y Fernando Castellanos Cal y Mayor que contendió abanderado por el Partido Verde.

La ruptura entre ambos partidos confundió más a seguidores y electores y llevó a la aplastante derrota a ambos candidatos ante el candidato de Morena.

A esos escenarios se agregaron “Las Manuelitas” que fueron alcaldesas, síndicas y regidoras de membretes, cuyos partidos políticos las obligaban a renunciar o que su cónyuge o un varón ejercieran el cargo tras el telón.

La defensa de los cargos obtenidos legítima y legalmente por las mujeres con la fuerza del voto se realizó desde el seno del órgano electoral estatal, con las consejeras del Instituto Nacional Electoral y las autoridades jurisdiccionales.

Fueron elecciones que pretendieron acotarse y acordarse desde el poder Ejecutivo y del Congreso Estatal, como quedó evidenciado con la resistencia de aprobar el presupuesto electoral por parte del entonces presidente del Legislativo, el priista Willy Ochoa Gallegos, quien en ese año electoral fue designado gobernador provisional en ausencia de Manuel Velasco Coello.

Recientemente el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  aprobó el proyecto para el proceso electoral de 2021, donde serán electos  diputados locales y alcaldes.

La jornada electoral tendrá un presupuesto de 553 millones 918 mil pesos y el financiamiento público a partidos políticos será de 276 millones 240 mil 304.00 pesos

El reto de  poner el piso electoral parejo en condiciones de equidad, legalidad, transparencia, justicia y credibilidad corresponderá al órgano electoral, como árbitro de la contienda, que está conformado por consejeros experimentados en las refriegas comiciales y también políticas después de que en 2018 enfrentaron y rechazaron imposiciones constituidas y fácticas.

El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas es un experto jurista abrevado en el derecho constitucional y electoral que agrega a su currículo capacidades de diálogo y conciliación tan importantes y necesarias cuando está de por medio la voluntad ciudadana depositada en las urnas.

Al gobierno estatal de la Cuarta transformación, que encabeza el morenista Rutilio Escandón Cadenas, le tocará romper la lesiva tradición injerencista de anteriores gobiernos para corregir entuertos y allanar los senderos por los cuales transitará el sufragio la decisión pública del elector chiapaneco.

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