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Tuxtla Gutiérrez

La Editorial 13/08/2020

El caso Grajales Yuca se introdujo en una nueva etapa después de que la autoridad ministerial abrió el diálogo y la disposición a una indagatoria contra directivos del sector Salud en Chiapas.

La apertura de una carpeta de investigación a funcionarios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, (Isstech), que crearon un área especial para atender a particulares enfermos de Covid-19, revelará a fondo los presuntos actos de corrupción denunciados, como también a posibles involucrados.

El reciente encuentro de los abogados del médico con el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, y el titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, Rogelio Estrada Heleria, a quienes se les presentaron pruebas que podrían deslindar de responsabilidad legal al profesional de la salud para alcanzar su libertad, según la defensa, da un giro a la investigación.

La indagatoria a directivos del Isstech ya la había anunciado Llaven Abarca, pero la celeridad pudo derivarse del cuestionamiento periodístico del asunto al presidente Andrés Manuel López Obrador, como sucedió también con el caso de Dylan Esaú, el niño tzotzil raptado y aún no localizado.

El médico, que permanece bajo arresto domiciliario, por presunto abuso de autoridad, por supuestamente solicitar medicamentos a la familia de Miguel Arturo Ramírez López, ex dirigente del estatal Partido Mover a Chiapas, fallecido de Covid-19 en el Isstech, sin que fuera derechohabiente, podría adquirir otras aristas.

El abuso de autoridad es un delito que se configura cuando un funcionario público se beneficia personalmente de forma ilícita, pero Grajales Yuca ni siquiera fue médico tratante, por su calidad de doctor de una institución pública, a un paciente que no era derechohabiente.

La interrogante es por qué un médico adscrito en un hospital de gobierno tendría que trabajar como médico particular en una institución pública.

Y, además si había un área exclusiva para personas pudientes, cuyo costo oscilaba entre los 550 a 650 mil pesos,  la tuvo que ordenar o permitir el directivo de la institución u otros funcionarios de Salud. Lo cierto es que un médico no posee facultades ni capacidades para crear una estructura exclusiva y particular en un espacio público.

Con la nueva indagatoria se abre la alternativa que el caso Grajales Yuca se realice con el debido proceso y sus principios de presunción de inocencia, de legalidad y una adecuada defensa.

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