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Tuxtla Gutiérrez

La Editorial 21/08/2020

El caso Chenalhó – Aldama no es asunto menor en el mosaico político y social de Chiapas, porque están de por medio vidas y la seguridad de personas vulnerables, en una zona donde en 1997 se abrió la enorme herida de Acteal, con sus 45 tzotziles asesinados, cuyas familias y deudos reclaman aún castigo legal y justicia.

Chenalhó, ha sido  territorio de disputas y de personas armadas. Ahora lo es también Aldama, como lo muestran las constantes agresiones mutuas al fragor de disparos de alto poder, que este martes se saldó con un nuevo muerto y otro lesionado, además de, al menos mil desplazados que huyeron a las montañas.

Estos ataques recuerdan los episodios previos a la denominada masacre de Acteal, donde también se fueron acumulando los tzotziles asesinados, que detonaron en la fatídica matanza del 22 de diciembre que cimbró al país y exhibió omisiones y negligencias del Estado mexicano y sus gobiernos para atender reclamos de seguridad y protección de la vida.

Con mucha anticipación, autoridades locales, pobladores y organizaciones defensoras de derechos humanos clamaron  por el desarme y desarticulación de grupos armados, así como la aprehensión y enjuiciamiento de los homicidas.

En torno a Acteal había patrullajes policíacos, a pocos kilómetros se asentaba el campamento militar de Polhó, que no oyeron ni intervinieron cuando los disparos y los machetes cegaban la vida de mujeres embarazadas, ancianos y niños, incluidos.

La masacre, según el gobierno, derivó de la pugna por bancos de arena, en medio de versiones que siguen apuntando que el motivo verdadero fue la llamada guerra de baja intensidad en el contexto de crimen de Estado, por la indolencia y desatención institucional.

El conflicto de Chenalhó  y Aldama, por la disputa de 60 hectáreas, que data de hace 45 años, el gobierno pretende resolverlo con acuerdos y diálogos que no se respetan y se rompen a la menor provocación de las partes.

El gobierno sólo obvia y soslaya la posibilidad del desarme de los grupos campeantes en la región, pero no actúa con la celeridad que reclama la tensa situación, que en más de cuatro décadas ha dejado 25 muertos y varios heridos de ambos municipios.

La fuerza pública del Estado nacional avalada por la Constitución parece desmerecer por la inmovilidad frente al violento escenario empujado por las armas en esa región de los altos de Chiapas, que como un relámpago inesperado rememora las vísperas de los hechos de Acteal, que nadie que respete la vida y la paz, desea que vuelva a escena.

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