Este 1 de abril de 2020 entra en vigencia la Ley Nacional del Registro de Detenciones, en lo que respecta a los delitos del fuero común, por ello la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezaron una reunión para instruir al personal sobre la nueva ley y especialmente capacitarlos en el llenado del formato al realizar la detención.
Reunidos en el Instituto de Formación Policial (IFP), respetando las recomendaciones de sana distancia, se dio cabal cumplimiento a la instrucción del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de no cesar en el trabajo de velar por la seguridad de los chiapanecos, a pesar de la contingencia por el coronavirus.
En este marco, al reconocer la importancia de la nueva ley que obliga a las instituciones de justicia y seguridad a su estricto cumplimiento, la secretaria agradeció al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el interés, compromiso y voluntad para trabajar en equipo, lo que hasta ahora ha dado muy buenos resultados en Chiapas, gracias a la coordinación entre ambas dependencias.
Luego de reiterar el compromiso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de trabajar sin descanso por la seguridad de los chiapanecos y de quienes visitan la entidad, Zepeda Soto precisó el antecedente de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 27 de mayo del 2019.
La funcionaria estatal destacó que la citada ley, en su vigencia de los artículos transitorios, en el 6º específicamente, establece que para delitos del fuero federal entró en vigencia el 23 de noviembre del 2019 y para delitos del fuero común, a más tardar para el 1 de abril del 2020. En cuanto a las detenciones de carácter administrativo, será para el 1 de abril del 2021.
Por su parte, Carlos César Gutiérrez Durán, jefe de la Unidad de Tecnologías y Gestión de la Información de la SSyPC, instruyó a los presentes en el llenado de los formatos para el registro de detención, con el fin de evitar violación de los derechos humanos en las detenciones, pero también para no dar pie a una posible liberación posterior debido al yerro en el llenado, tal y como ha ocurrido en varios estados donde delincuentes han quedado libres por una mala integración en la carpeta de investigación.