La Editorial
08/07/2021
La reciente vinculación a proceso de un líder campesino por presunto homicidio, derivado de la posesión de tierras, restablece la confianza en la seguridad jurídica de Chiapas.
La autoridad jurisdiccional imputó a Misael “N”, alias “El Músico”, dirigente en la región de Ocozocoautla de Espinosa de la organización MOCRI-CNPA-EZ, responsabilidad en el homicidio de seis personas.
Destacan los asesinatos de dos abogados de San Cristóbal de las Casas, que fueron incinerados dentro de un automóvil, cuando litigaban la restitución de ranchos invadidos por MOCRI-CNPA-EZ.
Esa organización encabezada por los hermanos Jiménez Pablo invadió tierras y atropelló derechos en el campo y zonas urbanas.
La seguridad jurídica en la propiedad es fundamental para la gobernalidad, el desarrollo y la paz social.
El gobierno está obligado a tutelar el patrimonio ciudadano, así como también garantizar el acceso a la vivienda y el trabajo digno a los necesitados.
Le corresponde asimismo, someter, comprobar y sancionar acciones ilegales de quienes asumiendo un liderazgo utiliza la pobreza y la ignorancia para obtener fines personales.
