La Editorial
16/03/2023
Hace cinco días un balazo en la sien arrebató la vida de la enfermera Lucrecia Salva Fuentes, en el municipio de Escuintla.
El estampido que mató a la profesional de la salud no deja de sonar por la indignación, el coraje y la exigencia de justicia y castigo legal que desató el hecho violento.
El feminicidio de la enfermera, de 53 años, duele más porque su trayectoria profesional estuvo vinculada al servicio de los demás, sobre todo de los menos favorecidos socialmente.
Con tenacidad y permanencia, Lucrecia se preparó académicamente y en la práctica diaria, para proporcionar cada vez un mejor servicio en las instituciones.
Su ausencia duele también a las jóvenes enfermeras, a quienes impulsaba desde la organización y el ejemplo, en las salas quirúrgicas y de convalecencia sobre el trato humanitario a los pacientes.
Son múltiples las causas del feminicidio: la falsa idea de superioridad del varón, la normalización de la violencia y la falta de justicia e impunidad.
El gobierno está obligado a garantizar la prevención y la sanción penal del feminicidio. El tan sentido caso de Lucrecia, y de otras mujeres asesinadas en Chiapas, muestran y confirman que la autoridad no cumple bien su responsabilidad.
