Óscar Gutiérrez | GRC Noticias Chiapas

Mujeres presas en el penal de San Cristóbal de las Casas interpusieron un amparo contra la suspensión de labores del poder Judicial de Chiapas iniciada a partir del 18 de marzo por la pandemia de Covid-19, la cual retrasa  sus procesos legales.

Manifestaron su desconcierto porque  los juzgados federales están trabajando, mientras que “los juzgados que tramitan nuestros casos, que son estatales, siguen cerrados y nosotras seguimos en la incertidumbre”.

El pasado 9 de abril, expusieron, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la declaración 1/2020 en el contexto de la pandemia global e instó que los gobiernos, durante la adopción de medidas, se ciñan al  Estado de derecho con respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de ese tribunal.

Las medidas asumidas por la Subsecretaría de Seguridad Pública encargada de la administración de los penales se han limitado a prohibir las visitas a las mujeres, además no cubren las necesidades básicas de las reclusas, lo cual las priva de acceso a los recursos como: alimentos, materiales de limpieza, medicamentos y dinero para llamadas telefónicas a sus familiares, a quienes no ven por la pandemia.

Asimismo, afirmaron que tampoco pueden vender sus trabajos artesanales, debido a las medidas tomadas por la emergencia sanitaria y que exacerban la vulneración de derechos humanos de las mujeres y contravienen la normatividad nacional e internacional, en contracorriente de lo declarado por la Corte Interamericana.

Puntualizaron que la decisión del consejo de la judicatura del Poder Judicial a Chiapas es prolongar la suspensión de labores que son muy necesarias y proporcionales en contra de zonas vulnerables como son las mujeres privadas de libertad, que además son en gran parte marginadas de pueblos originarios.