La Editorial
15/04/2022
El deceso de dos mujeres y las lesiones a otras personas en un accidente ocurrido en el municipio de San Fernando, a quienes se les obligó que participaran en la revocación de mandato, exhibe la inmoralidad e ilegalidad gubernamental.
El suceso trágico entre los pobladores de la colonia Nueva Victoria, un poblado atrapado por montañas, reveló la crudeza de los acarreos de gente pobre e ignorante que fue obligada a que acudieran a respaldar con su voto la figura presidencial.
Fueron amenazados que si no acudían a aquel domingo fatal a la cabecera municipal perderían los apoyos gubernamentales federales, tales como Sembrando Vida y las becas Benito y Juárez.
El temor a perder esos recursos financieros, que son aportados de impuestos ciudadanos y no por el gobierno, obligaron a 19 lugareños a trasladarse en tres vehículos , costeados por el gobierno municipal. Una de las unidades redilas cayó a un barranco de más de cien metros de profundidad.
Petrona Vázquez dejo cinco niños huérfanos, Bertha Milagros de año y media de edad, que también viajaba, se debate entre la vida y muerte. Lesbia Hernández dejo asimismo, cinco híjos mayores de edad.
Sobrevivientes y familiares acusan que Iván López, titular de Protección Civil del ayuntamiento de San Fernando, que gobierna Juan Antonio Castillejos Castellanos , del Partido Verde Ecologista de México, fue quien los amenazó y obligó a viajar.
El suceso debe investigarse no sólo por la vía electoral , sino penal, porque no se reparará con despensas ni con dádivas económicas. Nueva Victoria muestra la demagogia y la ilegalidad con la que se procedió en la revocación de mandato.
