La Editorial
20/04/2023
Los gobiernos de Chiapas y Oaxaca suscribieron un convenio amistoso de límites territoriales entre ambos estados, como parte del cumplimiento político de la resolución sobre el caso Chimalapas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las partes consideran ese acuerdo como histórico porque, según, da por concluidos los conflictos y confrontaciones entre pueblos hermanos y, abre la vía para caminar juntos “hacia el progreso y bienestar en ambos territorios”.
El compromiso es utilizar la fuerza gubernamental para convocar a la unidad y el bienestar de chiapanecos y oaxaqueños, y para que no se detengan los apoyos y prevalezca el respeto a los derechos humanos.
Con la firma del documento se sientan las bases para garantizar los derechos agrarios, el arraigo de la población y el régimen interno de ejidatarios y comuneros.
Se establece, asimismo la instrumentación de acciones pacíficas que garanticen condiciones dignas a los habitantes de la zona bajo un ambiente armonioso y de estabilidad.
En materia política, acuerdos como el de Chimalapas son bienvenidos como actos de buena voluntad, pero ese conflicto tan añejo y de tantos intereses, en principio debe tener el consenso y la aceptación de las partes en conflicto.
No se puede construir la casa desde el techo, se debe acudir a los cimientos, que son las comunidades inconformes y es ahí donde se debe tejer finito en búsqueda de acuerdos, y no desde las decisiones cupulares o de arriba.
